El legislador y presidente del Comité Directivo Estatal de Convergencia, Efraín Ramos Ramírez, señaló en el Congreso local que actualmente se desarrolla en el país una amplia campaña que incita a los ciudadanos a rechazar el sistema de partidos y cuestiona la validez de su función pública. El legislador subraya que en opinión de nuestro dirigente nacional Luis Maldonado Venegas, esta campaña tiene su origen en el propio grupo político cuya alianza gobierna al país desde finales del siglo pasado: “Desde esas minorías privilegiadas surgen hoy los llamados irreflexivos a no votar”.Y agrega. “Es una consigna encaminada a que todo siga igual, que nada cambie”. Quienes se identifican con el llamado Mínimo Común Denominador exigen reducir el número de diputados y senadores al Congreso de la Unión y aplicar una baja sustantiva en sus dietas y prestaciones, para que esos recursos se destinen a la investigación y a la educación en ciencias aplicadas; piden la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores a los políticos y la alta burocracia; la disminución sustantiva de las prerrogativas de ley a los partidos políticos; y empatar efectivamente las elecciones locales y federales.
Lo que le da sustento a esta inconformidad social, es la existencia en México de la partidocracia, que no es más que es un grupo social de “profesionales” involucrando activamente en la cosa pública, que vive de la política y no para la política, y que se sirve del gobierno y de los partidos políticos para alcanzar sus particulares propósitos. El ciudadano común se siente atrapado y secuestrado por esta partidocracia que se sostiene y amplia su control sobre la sociedad porque la promueven desde el poder los partidos políticos dominantes y porque, paradójicamente, el creciente abstencionismo de los ciudadanos también le favorece. Las exigencias sociales de cambio están secuestradas por esta partidocracia y por una reforma electoral por ella promovida y aprobada, que no deja espacios a la sociedad civil. Este secuestro, esta irritante indefensión ciudadana, es la causa fundamental del rechazo al principal efecto negativo de la partidocracia: el acceso al poder de funcionarios ineptos, que mienten y no cumplen sus promesas o que resultan pésimos gobernantes. Vale la pena señalar que Convergencia ha venido insistiendo en que se establezca la revocabilidad de mandatos para mandar a sus casas a ese tipo de funcionarios, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que hayan incurrido.
La demanda más significativa y que hecho constituye el eje principal de esta inconformidad social −demanda que algunos partidos entre ellos Convergencia, hemos hecho materia de una controversia constitucional− es la de hacer efectivo el derecho constitucional de los ciudadanos a ser votados, independientemente de que se registren o no a través de un partido político; postulado que ni la reciente reforma electoral pudo, a última hora, eliminar del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que sigue siendo una asignatura pendiente en la lucha por el perfeccionamiento democrático de México. Todos los partidos políticos tanto los grandes como los emergentes, no debiéramos echar en saco roto éste doblar de las campanas. Debiéramos sí, en cambio, hacer de la autocrítica, la herramienta que nos permita enmendar el rumbo y reencontrarnos con nuestro fundamental propósito social, que no debe ser otro más que el de facilitar el acceso de los ciudadanos al poder y al manejo de los asuntos públicos.
Ya resulta insuficiente el abrir las puertas de los partidos a las candidaturas ciudadanas, política que por cierto no todos practican y algunos incluso la escamotean. Tampoco es ya posible constreñir la participación ciudadana al simple acto de emitir el voto o a la contraloría (vigilancia en el mejor de los casos) de la obra pública. La gente quiere que se le deje intervenir en los asuntos públicos; que deben ser sólo eso: Asuntos públicos y no patrimonio de los políticos y los partidos. Cierto que la gente, que el pueblo quiere, sobre todo, que se le deje vivir, trabajar y prosperar en paz y concordia, que se le deje buscar la felicidad y la de los suyos con su propio esfuerzo y en un ambiente de seguridad y confianza en el porvenir; pero cuando ese noble propósito se pone en riesgo ya sea por ineficacia o por exceso de autoritarismo de quienes gobiernan, la gente aunque al principio se resista, termina poniéndose en movimiento y empujando hasta provocar una sacudida social. Y de eso ya hemos tenido cuando menos tres experiencias en los últimos 200 años.
Participación y abstención en las elecciones
A nivel nacional, la lista nominal de electores se ha duplicado de 1991 al 2009, al pasar de 36 millones 676 mil 167 a 74 millones 610 mil 814 de ciudadanos enlistados, lo cual implica un incremento del 50.84 por ciento de votantes, desde las primeras elecciones reguladas por el IFE hasta las que tuvimos el 5 de julio pasado.
Nada más en los últimos 12 años, periodo en el cual se supone que debíamos tener elecciones más limpias, con mayor certeza y con mayor credibilidad y confianza, como resultado de las reformas electorales de 1996 y 2007, el número de electores ha pasado de 50 millones 208 mil 966 ciudadanos en 1997 a 74 millones 610 mil 814 en 2009, lo que implica un incremento porcentual del 30.02 por ciento.
No obstante, los indicadores sobre votos nulos durante las tres últimas elecciones presidenciales se han mantenido más o menos estables: 1 millón 008 mil 291 para 1994, y 904 mil 604 votos nulos para el 2006, y similar desempeño reportan las elecciones de diputados federales en el mismo periodo: 1 millón 121 mil 6 votos nulos para 1994 y 1 millón 33 mil 665 para el 2006. Sin embargo el número real de quienes hacen valer su voto (incluidos los votos nulos y por candidaturas no registradas) crece muchísimo más despacio y representa un porcentaje cada vez menor de la lista nominal de electores, por ejemplo: en las elecciones presidenciales de 1994 votaron 35.3 millones de personas, lo que representó el 77.16 por ciento de la lista nominal; en las del 2000, 37.6 millones, que fueron el 63.97 por ciento; y en las del año 2006, votaron 41.8 millones de electores, o sea el 58.55 por ciento de dicha lista. O sea, que vamos hacia abajo en cuanto al porcentaje de participación electoral ciudadana. Lo mismo sucede en cuanto al comportamiento ciudadano en las elecciones intermedias, de diputados federales, por ejemplo: en las de 1991 votaron 24.2 millones de electores, el 65.97 por ciento de la lista nominal; en las de 1997 votaron 30.1 millones de personas, el 57.69 por ciento, y en el 2003 votaron casi 27 millones, es decir, sólo el 41.68 por ciento de la lista nominal.
Aquí ya de plano estamos ante un problema de ética política que amenaza con hacerse crónico y que está llevando a muchos ciudadanos a considerar que en México las elecciones son “legales” pero carecen, cada vez más, de legitimidad. Lo que más debiera preocuparnos es el creciente abstencionismo que en los últimos tres comicios presidenciales, ha venido elevándose sucesivamente del 22.84 por ciento en 1994, al 36.03 por ciento en el año 2000, y al 41.45 por ciento en el 2006; en el caso de las elecciones federales intermedias, en este caso las de diputados, la tendencia al abstencionismo es más acusada: 34.03 por ciento en 1991; 43.01 por ciento en 1997 y 58.32 por ciento en el 2003. Debieran preocuparnos también los crecientes indicadores del voto por candidaturas no registradas, que en las elecciones presidenciales han crecido más de 6 y media veces (6.81) al pasar de 43 mil 715 en 1994 a 297 mil 989 votos en las del 2006; mientras que en las elecciones para diputados federales han crecido más de 2 y media veces (2.69) al aumentar de 47 mil 749 en 1994 a 128 mil 347 en el 2006.
Ojalá en nuestro estado las cosas fueran distintas, pero no es así. Los últimos comicios para elegir gobernador arrojaron un abstencionismo del 47.52 por ciento; con una votación total de 1 millón 69 mil 4 votos de una lista nominal de 2 millones, 37 mil 68 electores; mientras que en la elección de diputados, la abstención fue del 51.33 por ciento, con una votación total de 991 mil 472 votos de la mencionada lista, y en la de ayuntamientos, la abstención llegó hasta el 51.70 por ciento, con 983 mil 759 votos totales. Hay que decir que en Guerrero, el Instituto Electoral del Estado no contabiliza por separado los votos emitidos a favor de candidaturas no registradas, sino que los incluye dentro de los votos anulados, por lo que no es posible saber cuántos son unos y otros.
Propuesta del Partido Convergencia
Suscribir de inmediato un pacto por la honestidad electoral entre todas las fuerzas políticas del estado, con vistas a los comicios del 5 de julio próximo, supervisado por una Comisión de Alto Nivel, facultada para adoptar y aplicar medidas preventivas y correctivas que impidan que se ensucie el proceso electoral. Aún estamos a tiempo y la opinión pública lo vería con mucho agrado. Convocar un Foro de Consulta, con especialistas, para analizar de manera fundamentada la conveniencia de legislar para hacer efectivo en el estado de Guerrero el derecho ilimitado de cualquier ciudadano a ser votado para ocupar un cargo de elección popular y de implantar la segunda vuelta electoral para garantizar la plena legitimidad de los representantes populares. En nuestra opinión no debe existir ningún impedimento para establecer estos derechos en nuestra legislación electoral local, sobre todo si partimos de la máxima doctrinal y de la Suprema Corte de la Nación, acerca de que los derechos constitucionales y legales no se pueden reducir pero sí ampliarse. Adicionar el derecho a la revocación de mandatos a la Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante un proceso que haga realmente efectivo este precepto, que está en el basamento constitucional de México desde los “Sentimientos de la Nación”; así como revisar a fondo esta ley para hacer accesible y efectivo el derecho ciudadano al plebiscito, al referéndum, y a la iniciativa popular.
Promulgar una Ley para la Efectiva y Veraz Rendición de Cuentas de los Poderes Públicos del Estado de Guerrero, que permita al Honorable Congreso del Estado, en el marco del respeto y la colaboración entre Poderes, cumplir sus funciones de supervisión y control del estado de resultados del Plan Estatal de Desarrollo y del estado que guarda la administración pública estatal. Establecer la Agenda Legislativa Común del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, con base en las propuestas de los partidos políticos representados en esta Soberanía popular. Estamos por cumplir el primer año de labores legislativas y todavía podemos darle orden a nuestro quehacer en beneficio de Guerrero.
