El legislador local Efraín Ramos Ramírez, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Convergencia en la Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de las facultades que les confieren los artículos 50 fracción II de la Constitución Política local y 126 fracción II y 170 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286 y demás relativos y aplicables, presentó como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta de Acuerdo por el cual se exhorta y requiere al ciudadano Presidente de la República y al Honorable Congreso de la Unión, se tomen las medidas necesarias para encontrar una solución pacífica y negociada al innecesario conflicto que se está generando con la promulgación del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009, de conformidad con los siguientes puntos.
Primero. La promulgación del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 11 de octubre de 2009, no tiene sustento constitucional valido. La invocación del artículo 89, Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es congruente con el objeto del acto que se pretende fundamentar.
La Fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice textualmente: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”.
De ahí que nadie, y mucho menos el Ejecutivo Federal, pueda decretar la extinción de un organismo público descentralizado –en este caso del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro− sin la previa aprobación del Honorable Congreso de la Unión, porque de otra manera se estaría propiciando la inconstitucionalidad de los actos de gobierno.
Segundo. Mas aún, en el mismo decreto que emitió el Ejecutivo Federal con fecha 11 de octubre de 2009, se reconoce −en el considerando noveno− que el Decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, que creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro se sustentó en la reforma previa del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en 1989; reforma que en su momento fue aprobada por el Honorable Congreso de la Unión.
Tercero. Además, en el considerando vigésimo sexto del mencionado decreto, se asienta textualmente: “Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que en la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación”, enseguida, aunque utilizando una verdad a medias, se agrega; “por lo que, toda vez que Luz y Fuerza del Centro fue creada por decreto del Ejecutivo Federal, su extinción debe hacerse a través de un instrumento de la misma naturaleza”.
Con ésta última aseveración se pretende ocultar y omitir que la plena validez legal del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, debiera sustentarse en una reforma previa de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Cuarto. La situación de insuficiencia técnica y financiera que prevalece en el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, no es extraña ni novedosa si consideramos que en una situación similar se encuentran todas las empresas y organismos del sector público, (Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE y otras entidades de control presupuestal directo), las cuales están sujetas a un agudo proceso de descapitalización, resultado de que fiscal y presupuestalmente el gobierno federal les confisca todos sus ingresos, sin importar si les quedan o no remanentes para la reinversión y el desarrollo.
Para poner el ejemplo más dramático: Una sola de ellas −Pemex– aporta el 40% del gasto público del país, por concepto de pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, así como por la confiscación de la totalidad de sus ingresos por las autoridades hacendarias. Aportación que ni soñando han dado las poco más de 8,000 grandes empresas y consorcios agrupados en 440 grupos de consolidación fiscal, que concentran el 37% del ingreso nacional y que durante los últimos 28 años han venido sucesivamente difiriendo, año tras año, el pago de sus impuestos, a ciencia y paciencia y hasta con la complicidad de las autoridades hacendarias; hasta llegar a un punto en que pareciera que tales adeudos serán irrecuperables para el fisco y en consecuencia para el patrimonio de la nación. Por esa y no otra razón, las empresas públicas están financiera y técnicamente tronadas.
Quinto. Es muy grave la acusación del Sindicato Mexicano de Electricistas de que detrás de esta embestida contra Luz y Fuerza del Centro y sus trabajadores, está la intención de desbaratar la oposición del SME a que los más de 1, 100 kilómetros de fibra óptica con que cuenta la paraestatal, sean concesionados por 30 años a una compañía de origen español −la empresa WL Comunicaciones S.A. de C.V.− cuyos socios mayoritarios, se afirma, son los ex secretarios de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens Rebolledo.
La acusación es todavía más grave porque involucra a personajes muy destacados del partido actualmente gobernante, como los ya mencionados, en un asunto de presunto tráfico de influencias y de uso indebido de información privilegiada. Se presume la participación de otros, entre ellos del ex procurador panista Antonio Lozano Gracia y de Diego Fernández de Ceballos.
Es un asunto que por sus implicaciones y posibles consecuencias, debiera merecer una investigación a fondo por parte del Honorable Congreso de la Unión.
Sexto. El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha puesto el acento en las resonancias políticas de este asunto al aseverar “que la decisión de liquidar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal, por lo que éste debe asumir las consecuencias políticas, económicas y sociales de su determinación”.
Así como al advertir más adelante que “la extinción de la empresa se inscribe en una política de desmantelamiento de las instituciones del Estado, donde se pierden funciones económicas y sociales de trascendencia para el desarrollo nacional.” Añadiendo luego que “el gobierno federal es el responsable del desarrollo de la nación y el primer obligado al cumplimiento de la legislación laboral. Por ello es preocupante la percepción social de su recurrencia a una política antisindicalista contra sus presuntos adversarios y permisivas a sus aliados, así como de su persistencia en sus afanes privatizadores respecto de las empresas públicas de la energía”.
Otras formaciones políticas, entre ellas Convergencia, estamos haciendo lo propio.
Séptimo. En Convergencia, consideramos y proponemos que todas las fuerzas políticas, que todos los mexicanos nos pronunciemos por encontrar un solución pacífica y negociada al innecesario conflicto que se está generando entre los electricistas y el gobierno, por la promulgación del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y por la actitud beligerante que algunos funcionarios públicos están asumiendo contra los trabajadores de este organismo público descentralizado.
Consideramos también que el Gobierno de la República debiera poner todo lo que esté de su parte para solventar este diferendo con base en el bien común y en los intereses del conjunto de la Nación. En alguien tiene que anidar la prudencia. Llamamos también a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, a resistir sin perder la cordura; a negociar en condiciones de mutuo beneficio y poniendo por delante el interés del país; a apostar todo el bagaje de su experiencia para la pronta recuperación de esta vital empresa pública. Los trabajadores saben cómo hacer acopio de prudencia y patriotismo.
Octavo. Es necesario y urgente, antes de que los acontecimientos se desborden, que el Presidente de la República convoque a una Mesa de Diálogo y Negociación donde, con la participación del Honorable Congreso de la Unión, el gobierno y los trabajadores electricistas establezcan compromisos claros y firmes que permitan dar viabilidad técnica, financiera y social a esta importante empresa pública. Hemos llegado a un nivel tal de agotamiento de la capacidad de contribución fiscal de los de abajo y de los de enmedio, que ya no es posible que las grandes empresas y consorcios se nieguen, evadan o eludan aportar al país lo que les toca dar de lo mucho que se llevan. Lo que ellos tienen de más, es lo que con su talento y esfuerzo han creado los millones de trabajadores que hacen funcionar las fabricas, los campos, los comercios, los servicios y aquellos que van a ganarse la vida a otras latitudes para que sus familias tengan con que comprar lo que se produce y vende en México. Más que reñir y enfrascarnos en luchas fraticidas, necesitamos entre todos repensar y reconstruir el país; necesitamos reencontrar el rumbo…
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracciones II y III de la Constitución Política Local y 8 fracciones II y III, 126 fracción II, 127 párrafos primero y cuarto, 137 párrafo segundo y 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente:
Acuerdo
Primero. La Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero con el debido respeto exhorta al ciudadano Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa para que, en atención a la grave situación que se está generando con la promulgación del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y en aras de mantener la paz y la gobernabilidad social, se proceda a tomar las siguientes medidas.
a) anular, abrogar o dejar sin efecto el Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 11 de octubre de 2009; b) retirar a la Policía Federal de las instalaciones de esta empresa en las diversas partes del país donde ésta ópera y normalizar la reanudación de sus actividades; y c) establecer una Mesa de Diálogo y Negociación entre el Gobierno y el Sindicato Mexicano de Electricistas, con la debida y plural participación del Honorable Congreso de la Unión, a fin de encontrar alternativas para dar viabilidad técnica, financiera y social a esta empresa, vital para el desarrollo del país y para afirmar la independencia y soberanía energética de la Nación.
Segundo. De la misma respetuosa manera, se exhorta Honorable Congreso de la Unión, a sus Cámaras de Diputados y Senadores, para que en uso de las atribuciones que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se nombre una Comisión Especial que interponga sus buenos oficios a fin de encontrar una solución pacífica y negociada al conflicto que se está generando con la promulgación del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y se puedan lograr las medidas enunciadas en el numeral primero de este Acuerdo.
Tercero. De la misma manera, se solicita al Honorable Congreso de la Unión, nombrar una Comisión Especial que se encargue de investigar desde cuándo y cuánto adeudan al fisco, por concepto de impuestos diferidos, las empresas y consorcios que desde 1982 se han acogido al régimen de consolidación fiscal y que se presenten los resultados de dicha investigación a esa Soberanía, así como las medidas que se proponen para que tales adeudos fiscales sean reintegrados al patrimonio de la Nación, con los plazos y procedimientos que se estimen más convenientes; todo ello con la finalidad de devolver a las empresas públicas la suficiencia financiera necesaria para invertir en su modernización tecnológica y administrativa y mejorar su desempeño social.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación.
Segundo.- Remítase al ciudadano Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para los fines y efectos señalados en el Numeral Uno de este Acuerdo.
Tercero.- Envíese a las Cámara de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los fines y efectos señalados en los Numerales Uno, Dos y Tres de este Acuerdo.
Cuarto.- Gírese el presente Acuerdo a las Honorables Legislaturas de los Estados de la República, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, en su caso, se adhieran y respalden este Acuerdo y hagan conocer su decisión a las Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales procedentes.
Quinto.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el portal WEB del H. Congreso del Estado y solicítese su publicación en los portales WEB de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
