En el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, se libera más del 80% de la energía provocada por temblores: Convergencia Acapulco

A nivel nacional en el “Cinturón de Fuego del Pacífico” se libera más del 80% de la energía provocada por los temblores. Guerrero es considerado como una zona de alta densidad sísmica, teniendo como antecedentes la brecha que va desde Acapulco hasta Petatlán, considerada la zona más peligrosa de América Latina y la que va de San Marcos a Ometepec: “Franja de la Calma o Quietud Sísmica”.

En las unidades habitacionales de Acapulco hay un latente riesgo de que se colapsen y sepulte a cientos de personas por la falta de mantenimiento ante un sismo, debido a las condiciones deplorables en las que se encuentran las viviendas de interés social. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS) ha informado mediante su presidente el Dr. Alberto Salgado Rodríguez, que Acapulco puede ser el epicentro de un movimiento sísmico mayor a los 8 grados en escala de Ritcher. Es preocupante las condiciones en las que se encuentran las estructuras, por ello se hace necesario conocer la resistencia de constricción y la reparación a la mayor brevedad posible que permita su pronta solución y prevención.

Amigo que vives en las Unidades Habitacionales del Infonavit y Fovisste, el Partido Convergencia a través del Lic. Víctor Manuel Jorrín Lozano, presidente del Comité Municipal, durante el período que estuvo al frente de la diputación local tramitó ante el Pleno del Congreso del estado un EXHORTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA para que instruya a la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación Federal, y realicen estudios técnicos de las estructuras de los diversos edificios construidos a partir de 1976 y que a la fecha se encuentran en condiciones mínimas de seguridad. Preocupado por los habitantes de estas unidades habitacionales así como por su bienestar se ha entrevistado con los Directivos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) solicitándoles recursos para el estudio y diagnóstico con el fin de conocer el estado de los edificios, mismos que señalaron que esos recursos son exclusivamente para después de que ocurra una catástrofe.

Considerando:

• Que vivimos en una zona sísmica.

• Que estamos ubicados en una zona costera y los materiales se deterioran con mayor rapidez por la salinidad.

• Que algunos edificios fueron construidos hace más de 30 años y en su mayoría no han recibido mantenimiento.

• Que los condóminos no cuentan con recursos suficientes para reparar los edificios en su estructura.

Cabe destacar que lo que buscamos es lograr el reforzamiento de las cimentaciones y estructuras de los edificios, además de remodelarlos. Por tal motivo, el lic. Jorrín Lozano nos comenta que debemos estar bien organizados. Es debido a ello, que se ha dado a la tarea de registrar a los condóminos interesados en su Iniciativa en un Padrón de Afiliados, al cual se anexa un cuestionario para conocer las necesidades de cada una de las 25 Unidades Habitacionales que comprenden aproximadamente 37,915 viviendas con 250,000 habitantes como estimado.

Actualmente nos informa de los avances que ha realizado en relación a su iniciativa de conocer las condiciones de construcción en que se encuentran las unidades habitacionales de interés social en Acapulco, continuando con reuniones con el Ing. Roberto Quaas Weppen, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), así como con la Lic. Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil dependientes de la Secretaría de Gobernación, para plantear la revisión de las condiciones estructurales y estar en condiciones de programar las revisiones de los inmuebles correspondientes. Según la T.U.M. Nubia Rommy Sáyago González, subsecretaria de Protección Civil del estado de Guerrero, se cuenta con un 70% del censo sobre el número y tipología de los edificios y se está cotizando un “ferroscaner”, herramienta necesaria para dichos trabajos y nos hacen saber que se tiene que diseñar la metodología de evaluación y definir su calendarización debido a que el Cenapred sólo cuenta con tres ingenieros estructurales y no tienen atribuciones para emitir peritajes ni dictámenes estructurales.

Es por ello, que se determinó integrar un comité que incluya a los 3 niveles de gobierno y representantes de agrupaciones de especialistas en construcción del municipio y del estado, así como un subcomité formado por especialistas en construcción que asuma la Dirección de las Evaluaciones en el aspecto técnico. Por todo lo anterior, las instancias involucradas consideran realizar reuniones de trabajo con el Lic. Víctor Jorrín como representante de los condóminos, para dar a conocer el censo concluido, confirmar los especialistas dispuestos a participar en la evaluación del caso, diseñar la metodología de la evaluación y sobretodo definir la calendarización que se llevarían a cabo con la Coordinación del director de Protección Civil en Acapulco, Lic. Melquiades Olmedo Montes.

Habrá que esperar en esta tesitura que los gobiernos a los tres niveles coadyuven y realicen esfuerzos ante esta clara advertencia en la que no solamente lo endeble de cientos de departamentos, sino que además pone al descubierto el abandono de parte de las autoridades en un descuido que podría poner en riesgo la vida de cientos de personas que habitan en uno de los conjuntos habitacionales de interés social más grande de América Latina.

Compañero acapulqueño, te recuerdo que no hay “zonas de riesgo, sino personas en riesgo”

Diputados convergentes

El diputado de Convergencia Florentino Cruz Ramírez, dio lectura a dos Dictámenes en el Congreso Local.

El primero, con proyecto de Acuerdo Parlamentario, por el que la 59 Legislatura manifiesta su adhesión al Acuerdo del Congreso de Yucatán por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones al secretario de Hacienda y Crédito Público, para que se suspenda de inmediato el incremento de los precios de los energéticos.

Asimismo, el segundo dictamen consistió en que los integrantes de la LIX Legislatura aprobaron autorizar al jefe del Ejecutivo Estatal para que se constituya en aval o deudor solidario el convenio que suscribirán el organismo público descentralizado Agroindustrias del Sur y el ISSSTE para que su planta de trabajadores se incorpore al régimen obligatorio que presta dicho instituto.

 

 

A la Comisión de Justicia fue turnada la iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Penales, propuesta por el legislador de Convergencia Ramón Roberto Martínez de Pinillos, para tipificar como delito grave las lesiones ocasionadas por cónyuges que ocasionen secuelas irreversibles que afecten de manera permanente a un individuo.

También el legislador naranja propuso a las Comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos, y de Justicia se turnaron las iniciativas de reformas a la Constitución Política local y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecer que se considere el procedimiento para la integración de un Ayuntamiento municipal, contemplando a los regidores sólo por representación proporcional, como anteriormente se hacía.

Luis Walton Aburto, una trayectoria limpia en un partido grande

Convergencia, la alternativa política de los ciudadanos que hace realidad sus demandas y aspiraciones a través de un gobierno de la sociedad.

Un partido joven que en Guerrero ha crecido a pasos agigantados.

El senador Luis Walton Aburto, quien pertenece a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Convergencia. Asimismo, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. También preside el Consejo Político Estatal de Convergencia, nació el 1 de junio del año 1949 en esta ciudad y puerto.

El empresario y político acapulqueño que ha sabido escalar los escaños paso a paso, de manera honesta, transparente y visionaria, comenzó a trabajar desde pequeño para apoyar el negocio familiar, vendiendo pescado en hoteles y mercados.

Realizó sus estudios superiores en la Universidad Autónoma de Guerrero en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, concluyendo sus estudios en 1973 para graduarse como licenciado en Derecho.

Su experiencia profesional y politica es intensa, trabajando en la Oficialía Mayor del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco.

Como jefe de la oficina federal de Hacienda en Acapulco.

También fue delegado de la Zona Federal Marítima y Terrestre.

Fungió como director de Quejas y Denuncias de la Contraloría Interna de la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal de México.

Trabajó como subdelegado del Consejo Nacional de Turismo en el estado de Guerrero, de 1981 a 1983.

Destacó como asesor jurídico del Consejo Nacional de Turismo en Acapulco, de 1975 a 1981.

Fue honrado como cónsul honorario de la República de Austria en Guerrero y Oaxaca, de 1982 al 2004.

También como presidente del Patronato de la Universidad Loyola del Pacífico a partir de su fundación.

Laborando como presidente de la fundacion Ángel de la Guarda, A.C. para madres solteras, de 1994 al 2000, y vicepresidente de la Asociación “Huracán Paulina, A.C.” para la Reconstruccion de Acapulco, de 1997 al 2000.

También fue presidente del Consejo Municipal de Participacion Ciudadana en Seguridad Pública en Acapulco y fue condecorado con la Cruz de Plata por la República de Austria el 9 de diciembre del 2000.

la politica es su pasion, la cual implica servicio a la ciudadania, pues fue secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Guerrero, de abril 1987 a mayo 1988.

Empleó su experiencia como presidente del Consejo Político de Convergencia en abril de 2002.

Ha sido candidato a la presidencia de Acapulco por Convergencia en 2002 y 2005, asimismo, candidato a diputado federal por el Distrito Décimo en el 2003.

Presidente del Comité Directivo Estatal de Convergencia en marzo de 2004.

Y candidato a diputado federal por el Distrito 04, en el 2009.

Acuerdo sobre anulación del Decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro

El legislador local Efraín Ramos Ramírez, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Convergencia en la Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de las facultades que les confieren los artículos 50 fracción II de la Constitución Política local y 126 fracción II y 170 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286 y demás relativos y aplicables, presentó como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta de Acuerdo por el cual se exhorta y requiere al ciudadano Presidente de la República y al Honorable Congreso de la Unión, se tomen las medidas necesarias para encontrar una solución pacífica y negociada al innecesario conflicto que se está generando con la promulgación del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009, de conformidad con los siguientes puntos.

Primero. La promulgación del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 11 de octubre de 2009, no tiene sustento constitucional valido. La invocación del artículo 89, Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es congruente con el objeto del acto que se pretende fundamentar.

La Fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice textualmente: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”.

De ahí que nadie, y mucho menos el Ejecutivo Federal, pueda decretar la extinción de un organismo público descentralizado –en este caso del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro− sin la previa aprobación del Honorable Congreso de la Unión, porque de otra manera se estaría propiciando la inconstitucionalidad de los actos de gobierno.

Segundo. Mas aún, en el mismo decreto que emitió el Ejecutivo Federal con fecha 11 de octubre de 2009, se reconoce −en el considerando noveno− que el Decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, que creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro se sustentó en la reforma previa del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en 1989; reforma que en su momento fue aprobada por el Honorable Congreso de la Unión.

Tercero. Además, en el considerando vigésimo sexto del mencionado decreto, se asienta textualmente: “Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que en la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación”, enseguida, aunque utilizando una verdad a medias, se agrega; “por lo que, toda vez que Luz y Fuerza del Centro fue creada por decreto del Ejecutivo Federal, su extinción debe hacerse a través de un instrumento de la misma naturaleza”.

Con ésta última aseveración se pretende ocultar y omitir que la plena validez legal del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, debiera sustentarse en una reforma previa de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Cuarto. La situación de insuficiencia técnica y financiera que prevalece en el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, no es extraña ni novedosa si consideramos que en una situación similar se encuentran todas las empresas y organismos del sector público, (Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE y otras entidades de control presupuestal directo), las cuales están sujetas a un agudo proceso de descapitalización, resultado de que fiscal y presupuestalmente el gobierno federal les confisca todos sus ingresos, sin importar si les quedan o no remanentes para la reinversión y el desarrollo.

Para poner el ejemplo más dramático: Una sola de ellas −Pemex– aporta el 40% del gasto público del país, por concepto de pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, así como por la confiscación de la totalidad de sus ingresos por las autoridades hacendarias. Aportación que ni soñando han dado las poco más de 8,000 grandes empresas y consorcios agrupados en 440 grupos de consolidación fiscal, que concentran el 37% del ingreso nacional y que durante los últimos 28 años han venido sucesivamente difiriendo, año tras año, el pago de sus impuestos, a ciencia y paciencia y hasta con la complicidad de las autoridades hacendarias; hasta llegar a un punto en que pareciera que tales adeudos serán irrecuperables para el fisco y en consecuencia para el patrimonio de la nación. Por esa y no otra razón, las empresas públicas están financiera y técnicamente tronadas.

Quinto. Es muy grave la acusación del Sindicato Mexicano de Electricistas de que detrás de esta embestida contra Luz y Fuerza del Centro y sus trabajadores, está la intención de desbaratar la oposición del SME a que los más de 1, 100 kilómetros de fibra óptica con que cuenta la paraestatal, sean concesionados por 30 años a una compañía de origen español −la empresa WL Comunicaciones S.A. de C.V.− cuyos socios mayoritarios, se afirma, son los ex secretarios de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens Rebolledo.

La acusación es todavía más grave porque involucra a personajes muy destacados del partido actualmente gobernante, como los ya mencionados, en un asunto de presunto tráfico de influencias y de uso indebido de información privilegiada. Se presume la participación de otros, entre ellos del ex procurador panista Antonio Lozano Gracia y de Diego Fernández de Ceballos.

Es un asunto que por sus implicaciones y posibles consecuencias, debiera merecer una investigación a fondo por parte del Honorable Congreso de la Unión.

Sexto. El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha puesto el acento en las resonancias políticas de este asunto al aseverar “que la decisión de liquidar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal, por lo que éste debe asumir las consecuencias políticas, económicas y sociales de su determinación”.

Así como al advertir más adelante que “la extinción de la empresa se inscribe en una política de desmantelamiento de las instituciones del Estado, donde se pierden funciones económicas y sociales de trascendencia para el desarrollo nacional.” Añadiendo luego que “el gobierno federal es el responsable del desarrollo de la nación y el primer obligado al cumplimiento de la legislación laboral. Por ello es preocupante la percepción social de su recurrencia a una política antisindicalista contra sus presuntos adversarios y permisivas a sus aliados, así como de su persistencia en sus afanes privatizadores respecto de las empresas públicas de la energía”.

 

Otras formaciones políticas, entre ellas Convergencia, estamos haciendo lo propio.

Séptimo. En Convergencia, consideramos y proponemos que todas las fuerzas políticas, que todos los mexicanos nos pronunciemos por encontrar un solución pacífica y negociada al innecesario conflicto que se está generando entre los electricistas y el gobierno, por la promulgación del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y por la actitud beligerante que algunos funcionarios públicos están asumiendo contra los trabajadores de este organismo público descentralizado.

Consideramos también que el Gobierno de la República debiera poner todo lo que esté de su parte para solventar este diferendo con base en el bien común y en los intereses del conjunto de la Nación. En alguien tiene que anidar la prudencia. Llamamos también a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, a resistir sin perder la cordura; a negociar en condiciones de mutuo beneficio y poniendo por delante el interés del país; a apostar todo el bagaje de su experiencia para la pronta recuperación de esta vital empresa pública. Los trabajadores saben cómo hacer acopio de prudencia y patriotismo.

Octavo. Es necesario y urgente, antes de que los acontecimientos se desborden, que el Presidente de la República convoque a una Mesa de Diálogo y Negociación donde, con la participación del Honorable Congreso de la Unión, el gobierno y los trabajadores electricistas establezcan compromisos claros y firmes que permitan dar viabilidad técnica, financiera y social a esta importante empresa pública. Hemos llegado a un nivel tal de agotamiento de la capacidad de contribución fiscal de los de abajo y de los de enmedio, que ya no es posible que las grandes empresas y consorcios se nieguen, evadan o eludan aportar al país lo que les toca dar de lo mucho que se llevan. Lo que ellos tienen de más, es lo que con su talento y esfuerzo han creado los millones de trabajadores que hacen funcionar las fabricas, los campos, los comercios, los servicios y aquellos que van a ganarse la vida a otras latitudes para que sus familias tengan con que comprar lo que se produce y vende en México. Más que reñir y enfrascarnos en luchas fraticidas, necesitamos entre todos repensar y reconstruir el país; necesitamos reencontrar el rumbo…

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracciones II y III de la Constitución Política Local y 8 fracciones II y III, 126 fracción II, 127 párrafos primero y cuarto, 137 párrafo segundo y 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero con el debido respeto exhorta al ciudadano Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa para que, en atención a la grave situación que se está generando con la promulgación del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y en aras de mantener la paz y la gobernabilidad social, se proceda a tomar las siguientes medidas.

 

a) anular, abrogar o dejar sin efecto el Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 11 de octubre de 2009; b) retirar a la Policía Federal de las instalaciones de esta empresa en las diversas partes del país donde ésta ópera y normalizar la reanudación de sus actividades; y c) establecer una Mesa de Diálogo y Negociación entre el Gobierno y el Sindicato Mexicano de Electricistas, con la debida y plural participación del Honorable Congreso de la Unión, a fin de encontrar alternativas para dar viabilidad técnica, financiera y social a esta empresa, vital para el desarrollo del país y para afirmar la independencia y soberanía energética de la Nación.

Segundo. De la misma respetuosa manera, se exhorta Honorable Congreso de la Unión, a sus Cámaras de Diputados y Senadores, para que en uso de las atribuciones que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se nombre una Comisión Especial que interponga sus buenos oficios a fin de encontrar una solución pacífica y negociada al conflicto que se está generando con la promulgación del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y se puedan lograr las medidas enunciadas en el numeral primero de este Acuerdo.

Tercero. De la misma manera, se solicita al Honorable Congreso de la Unión, nombrar una Comisión Especial que se encargue de investigar desde cuándo y cuánto adeudan al fisco, por concepto de impuestos diferidos, las empresas y consorcios que desde 1982 se han acogido al régimen de consolidación fiscal y que se presenten los resultados de dicha investigación a esa Soberanía, así como las medidas que se proponen para que tales adeudos fiscales sean reintegrados al patrimonio de la Nación, con los plazos y procedimientos que se estimen más convenientes; todo ello con la finalidad de devolver a las empresas públicas la suficiencia financiera necesaria para invertir en su modernización tecnológica y administrativa y mejorar su desempeño social.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación.

Segundo.- Remítase al ciudadano Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para los fines y efectos señalados en el Numeral Uno de este Acuerdo.

Tercero.- Envíese a las Cámara de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los fines y efectos señalados en los Numerales Uno, Dos y Tres de este Acuerdo.

Cuarto.- Gírese el presente Acuerdo a las Honorables Legislaturas de los Estados de la República, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, en su caso, se adhieran y respalden este Acuerdo y hagan conocer su decisión a las Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales procedentes.

Quinto.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el portal WEB del H. Congreso del Estado y solicítese su publicación en los portales WEB de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

FACILITAR EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS AL PODER Y AL MANEJO DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS

El legislador y presidente del Comité Directivo Estatal de Convergencia, Efraín Ramos Ramírez, señaló en el Congreso local que actualmente se desarrolla en el país una amplia campaña que incita a los ciudadanos a rechazar el sistema de partidos y cuestiona la validez de su función pública. El legislador subraya que en opinión de nuestro dirigente nacional Luis Maldonado Venegas, esta campaña tiene su origen en el propio grupo político cuya alianza gobierna al país desde finales del siglo pasado: “Desde esas minorías privilegiadas surgen hoy los llamados irreflexivos a no votar”.

Y agrega. “Es una consigna encaminada a que todo siga igual, que nada cambie”. Quienes se identifican con el llamado Mínimo Común Denominador exigen reducir el número de diputados y senadores al Congreso de la Unión y aplicar una baja sustantiva en sus dietas y prestaciones, para que esos recursos se destinen a la investigación y a la educación en ciencias aplicadas; piden la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores a los políticos y la alta burocracia; la disminución sustantiva de las prerrogativas de ley a los partidos políticos; y empatar efectivamente las elecciones locales y federales.

Lo que le da sustento a esta inconformidad social, es la existencia en México de la partidocracia, que no es más que es un grupo social de “profesionales” involucrando activamente en la cosa pública, que vive de la política y no para la política, y que se sirve del gobierno y de los partidos políticos para alcanzar sus particulares propósitos. El ciudadano común se siente atrapado y secuestrado por esta partidocracia que se sostiene y amplia su control sobre la sociedad porque la promueven desde el poder los partidos políticos dominantes y porque, paradójicamente, el creciente abstencionismo de los ciudadanos también le favorece. Las exigencias sociales de cambio están secuestradas por esta partidocracia y por una reforma electoral por ella promovida y aprobada, que no deja espacios a la sociedad civil. Este secuestro, esta irritante indefensión ciudadana, es la causa fundamental del rechazo al principal efecto negativo de la partidocracia: el acceso al poder de funcionarios ineptos, que mienten y no cumplen sus promesas o que resultan pésimos gobernantes. Vale la pena señalar que Convergencia ha venido insistiendo en que se establezca la revocabilidad de mandatos para mandar a sus casas a ese tipo de funcionarios, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que hayan incurrido.

La demanda más significativa y que hecho constituye el eje principal de esta inconformidad social −demanda que algunos partidos entre ellos Convergencia, hemos hecho materia de una controversia constitucional− es la de hacer efectivo el derecho constitucional de los ciudadanos a ser votados, independientemente de que se registren o no a través de un partido político; postulado que ni la reciente reforma electoral pudo, a última hora, eliminar del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que sigue siendo una asignatura pendiente en la lucha por el perfeccionamiento democrático de México. Todos los partidos políticos tanto los grandes como los emergentes, no debiéramos echar en saco roto éste doblar de las campanas. Debiéramos sí, en cambio, hacer de la autocrítica, la herramienta que nos permita enmendar el rumbo y reencontrarnos con nuestro fundamental propósito social, que no debe ser otro más que el de facilitar el acceso de los ciudadanos al poder y al manejo de los asuntos públicos.

Ya resulta insuficiente el abrir las puertas de los partidos a las candidaturas ciudadanas, política que por cierto no todos practican y algunos incluso la escamotean. Tampoco es ya posible constreñir la participación ciudadana al simple acto de emitir el voto o a la contraloría (vigilancia en el mejor de los casos) de la obra pública. La gente quiere que se le deje intervenir en los asuntos públicos; que deben ser sólo eso: Asuntos públicos y no patrimonio de los políticos y los partidos. Cierto que la gente, que el pueblo quiere, sobre todo, que se le deje vivir, trabajar y prosperar en paz y concordia, que se le deje buscar la felicidad y la de los suyos con su propio esfuerzo y en un ambiente de seguridad y confianza en el porvenir; pero cuando ese noble propósito se pone en riesgo ya sea por ineficacia o por exceso de autoritarismo de quienes gobiernan, la gente aunque al principio se resista, termina poniéndose en movimiento y empujando hasta provocar una sacudida social. Y de eso ya hemos tenido cuando menos tres experiencias en los últimos 200 años.

Participación y abstención en las elecciones

A nivel nacional, la lista nominal de electores se ha duplicado de 1991 al 2009, al pasar de 36 millones 676 mil 167 a 74 millones 610 mil 814 de ciudadanos enlistados, lo cual implica un incremento del 50.84 por ciento de votantes, desde las primeras elecciones reguladas por el IFE hasta las que tuvimos el 5 de julio pasado.

Nada más en los últimos 12 años, periodo en el cual se supone que debíamos tener elecciones más limpias, con mayor certeza y con mayor credibilidad y confianza, como resultado de las reformas electorales de 1996 y 2007, el número de electores ha pasado de 50 millones 208 mil 966 ciudadanos en 1997 a 74 millones 610 mil 814 en 2009, lo que implica un incremento porcentual del 30.02 por ciento.

No obstante, los indicadores sobre votos nulos durante las tres últimas elecciones presidenciales se han mantenido más o menos estables: 1 millón 008 mil 291 para 1994, y 904 mil 604 votos nulos para el 2006, y similar desempeño reportan las elecciones de diputados federales en el mismo periodo: 1 millón 121 mil 6 votos nulos para 1994 y 1 millón 33 mil 665 para el 2006. Sin embargo el número real de quienes hacen valer su voto (incluidos los votos nulos y por candidaturas no registradas) crece muchísimo más despacio y representa un porcentaje cada vez menor de la lista nominal de electores, por ejemplo: en las elecciones presidenciales de 1994 votaron 35.3 millones de personas, lo que representó el 77.16 por ciento de la lista nominal; en las del 2000, 37.6 millones, que fueron el 63.97 por ciento; y en las del año 2006, votaron 41.8 millones de electores, o sea el 58.55 por ciento de dicha lista. O sea, que vamos hacia abajo en cuanto al porcentaje de participación electoral ciudadana. Lo mismo sucede en cuanto al comportamiento ciudadano en las elecciones intermedias, de diputados federales, por ejemplo: en las de 1991 votaron 24.2 millones de electores, el 65.97 por ciento de la lista nominal; en las de 1997 votaron 30.1 millones de personas, el 57.69 por ciento, y en el 2003 votaron casi 27 millones, es decir, sólo el 41.68 por ciento de la lista nominal.

Aquí ya de plano estamos ante un problema de ética política que amenaza con hacerse crónico y que está llevando a muchos ciudadanos a considerar que en México las elecciones son “legales” pero carecen, cada vez más, de legitimidad. Lo que más debiera preocuparnos es el creciente abstencionismo que en los últimos tres comicios presidenciales, ha venido elevándose sucesivamente del 22.84 por ciento en 1994, al 36.03 por ciento en el año 2000, y al 41.45 por ciento en el 2006; en el caso de las elecciones federales intermedias, en este caso las de diputados, la tendencia al abstencionismo es más acusada: 34.03 por ciento en 1991; 43.01 por ciento en 1997 y 58.32 por ciento en el 2003. Debieran preocuparnos también los crecientes indicadores del voto por candidaturas no registradas, que en las elecciones presidenciales han crecido más de 6 y media veces (6.81) al pasar de 43 mil 715 en 1994 a 297 mil 989 votos en las del 2006; mientras que en las elecciones para diputados federales han crecido más de 2 y media veces (2.69) al aumentar de 47 mil 749 en 1994 a 128 mil 347 en el 2006.

Ojalá en nuestro estado las cosas fueran distintas, pero no es así. Los últimos comicios para elegir gobernador arrojaron un abstencionismo del 47.52 por ciento; con una votación total de 1 millón 69 mil 4 votos de una lista nominal de 2 millones, 37 mil 68 electores; mientras que en la elección de diputados, la abstención fue del 51.33 por ciento, con una votación total de 991 mil 472 votos de la mencionada lista, y en la de ayuntamientos, la abstención llegó hasta el 51.70 por ciento, con 983 mil 759 votos totales. Hay que decir que en Guerrero, el Instituto Electoral del Estado no contabiliza por separado los votos emitidos a favor de candidaturas no registradas, sino que los incluye dentro de los votos anulados, por lo que no es posible saber cuántos son unos y otros.

Propuesta del Partido Convergencia

Suscribir de inmediato un pacto por la honestidad electoral entre todas las fuerzas políticas del estado, con vistas a los comicios del 5 de julio próximo, supervisado por una Comisión de Alto Nivel, facultada para adoptar y aplicar medidas preventivas y correctivas que impidan que se ensucie el proceso electoral. Aún estamos a tiempo y la opinión pública lo vería con mucho agrado. Convocar un Foro de Consulta, con especialistas, para analizar de manera fundamentada la conveniencia de legislar para hacer efectivo en el estado de Guerrero el derecho ilimitado de cualquier ciudadano a ser votado para ocupar un cargo de elección popular y de implantar la segunda vuelta electoral para garantizar la plena legitimidad de los representantes populares. En nuestra opinión no debe existir ningún impedimento para establecer estos derechos en nuestra legislación electoral local, sobre todo si partimos de la máxima doctrinal y de la Suprema Corte de la Nación, acerca de que los derechos constitucionales y legales no se pueden reducir pero sí ampliarse. Adicionar el derecho a la revocación de mandatos a la Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante un proceso que haga realmente efectivo este precepto, que está en el basamento constitucional de México desde los “Sentimientos de la Nación”; así como revisar a fondo esta ley para hacer accesible y efectivo el derecho ciudadano al plebiscito, al referéndum, y a la iniciativa popular.

Promulgar una Ley para la Efectiva y Veraz Rendición de Cuentas de los Poderes Públicos del Estado de Guerrero, que permita al Honorable Congreso del Estado, en el marco del respeto y la colaboración entre Poderes, cumplir sus funciones de supervisión y control del estado de resultados del Plan Estatal de Desarrollo y del estado que guarda la administración pública estatal. Establecer la Agenda Legislativa Común del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, con base en las propuestas de los partidos políticos representados en esta Soberanía popular. Estamos por cumplir el primer año de labores legislativas y todavía podemos darle orden a nuestro quehacer en beneficio de Guerrero.

Tres grandes pilares de Convergencia

El senador Luis Maldonado Venegas, presidente del CEN de Convergencia, flanqueado por el legislador Efraín Ramos Ramírez, presidente del Comité Directivo Estatal, y el presidente del Consejo Político Estatal, el senador Luis Walton Aburto. Reunidos en Guerrero.

Legislador de Convergencia, Ramón Roberto Martínez de Pinillos Cabrera

En el Congreso local el legislador de Convergencia Ramón Roberto Martínez de Pinillos Cabrera, exhortó al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para que instruya a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que disminuya hasta en un cincuenta por ciento la tarifa de peaje en las casetas de La Venta y Palo Blanco, considerando las características legales de los derechos en materia fiscal.

El diputado convergente Florentino Cruz Ramírez

El diputado convergente Florentino Cruz Ramírez, dio segunda lectura del dictamen por el cual la LIX Legislatura aprobó adherirse al acuerdo emitido por el Congreso del estado de Coahuila, para crear programas que permitan el aprendizaje de uso de la Internet a las personas de mediana edad y adultos mayores.

Diputado Efraín Ramos Ramírez, presidente del Comité Directivo Estatal en Guerrero

LUGAR DE ORIGEN:

Coyuca de Benítez, Guerrero.

ESTUDIOS:

Licenciado en Derecho.

TRAYECTORIA POLÍTICA:

Presidente Actual del Comité Directivo Estatal de Convergencia en Guerrero.

Diputado local de la LIX Legislatura Guerrero.

Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de Ometepec, en los periodos 1984-1986, 1987-1989 y 1990.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Guerrero.

Agente del Ministerio Público en los distritos de Tabares, Abasolo y Allende.

Delegado de la Comisión Técnica del Transporte y Vialidad en Acapulco.

COMISIONES EN EL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE GUERRERO:

Secretario de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

Vocal de la Comisión de Gobierno.

Vocal de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

Vocal de la Comisión de Justicia.

Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Convergencia.

Autor de la Iniciativa de Ley de Reconocimiento, Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, en el Congreso del Estado.

El diputado Efraín Ramos Ramírez, presidente del Comité Directivo Estatal de Convergencia en Guerrero, asistió al Foro “Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Guerrero”, en donde estuvieron el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, y los legisladores Héctor Vicario, Antelmo Alvarado, Rubén Valenzo, Marco Antonio Leyva y Ramiro Jaimes.

EL DESEMPLEO EN ACAPULCO Y EN MÉXICO

Por Dr. Darbelio Agatón Lorenzo (*) y Lic. Norberto Noé Añorve Fonseca (**)

La última encuesta de Ingresos y Gastos en los Hogares (2008) ha mostrado que en México hay un poco más de 50 millones de pobres, ya sea que presenten pobreza en patrimonio ó como un cuadro alimentario deteriorado, por ello el caso en Acapulco nos da indicios sobre como contribuye el desempleo en este resultado, para posteriormente dar un breve acercamiento al entorno nacional, siendo muestra clara de lo poco efectiva que han sido las estrategias para la generación de empleos, llevadas a cabo por los distintos gobiernos tanto federal, estatal como municipal, en los últimos años.

ACAPULCO

Al mirar las cifras del siguiente cuadro sobre la tasa de desempleo en nuestra ciudad de Acapulco, podemos destacar como del total de personas empleadas de 14 y más años, no sólo no se han generado empleos en los casi cinco años que se muestran, sino que incluso ha sufrido una disminución de pasar a tener 275,843 personas en promedio en el año 2005 a tener 272,878 personas en promedio en el primer trimestre del 2009, representando una disminución del 1.07%.
Al revisar estas cifras por género, encontramos como los hombres son quienes menos empleos han perdido frente a las mujeres, ya que de 160,740 hombres empleados en promedio en el 2005 paso a 159,430 en promedio en el primer trimestre del 2009, representando una disminución del 0.81%, en cuanto a las mujeres, tenemos que de 115,103 mujeres en promedio empleadas en el año 2005, pasaron a ser 113,448 para el primer trimestre del 2009, representando una disminución del 1.43%.

Estas cifras nos revelan como ha venido deteriorándose la generación de empleo en nuestro municipio, el cual muestra un claro estancamiento e incluso arrojando un saldo negativo en la población empleada, así también podremos ver como se ha incrementado las cifras en cuanto a la población subocupada.
Aquí vemos como estos han incrementado su cifra muy significativamente para el primer trimestre del 2009, pasando a tener de una población total de 11,727 en promedio durante el 2005 a 18,107 en el primer trimestre del 2009, representando un crecimiento del 54.4%, ahora, partiendo desde el enfoque de género, tenemos que de 8,482 hombres en promedio en el 2005, pasaron a tener una población de 10,369 durante el primer trimestre del 2009, representado un crecimiento del 22.24%, por último, en el caso de las mujeres, de contar con 3,245 en promedio en el 2005, pasaron a ser 7,738, representando un crecimiento del 138.45%.

MÉXICO

Una vez mostrada la situación particular de Acapulco, pero que sin duda es muestra clara de lo que ocurre en varios centros de población de nuestro territorio nacional y que es consecuencia de la difícil situación económica por la que atraviesa actualmente el país generada por una política económica basada en las ideas del más puro liberalismo y que por lo tanto han profundizado la deteriorada situación de los trabajadores y en las que han sido afectadas un poco más las trabajadoras acapulqueñas, como se pudo apreciar en la sección anterior.
De acuerdo con esto, será conveniente revisar uno de los objetivos expuestos en el Plan Nacional de Desarrollo en su apartado sobre economía competitiva y generadora de empleo que en sus primeras líneas, señala lo siguiente: “La finalidad de la política económica de la presente Administración será lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos”.1

1 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-empleos.html
 
Notamos como estos propósitos no fueron más que promesas de campaña de aquellos que han gobernado al país y que no han propiciado en lo absoluto la generación de empleo, ya ni hablar de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios que es otro tema a discutir. Otro fragmento del Plan nos confirma lo anterior: “En 2006, 19.2 millones de personas laboraban en condiciones de informalidad. Durante este sexenio se buscará promover condiciones para la creación de empleos formales con el objetivo de llegar en 2012 a crear, al menos, 800,000 empleos formales al año”. 2

Por lo cual, si recordamos fue muy mencionado el hecho de que se nombró a Felipe Calderón en su campaña como el Presidente del Empleo y que como ya hemos visto, solo puede reflejarse un fracaso más de la presente administración que ha continuado las políticas económicas neoliberales.

Podemos reforzar estos comentarios de acuerdo al último reporte dado a conocer por las autoridades del Fondo Monetario Internacional que indican que la economía mexicana sufrirá una contracción en una de sus principales variables macroeconómicas, siendo esta el Producto Interno Bruto, “la economía mexicana sufrirá este año una contracción de 7.3%. Con una recesión de este tamaño, se puede estimar una destrucción de 550,000 plazas laborales en el 2009, lo que llevaría a la tasa del desempleo a un histórico 5.3 por ciento, proyecta Jimena Zúñiga, economista para México y Chile en Barclays Capital (BarCap). De confirmarse esta expectativa, México estaría transitando la peor recesión económica desde la Gran Depresión Mundial de 1932, cuando la economía mexicana registró una contracción de 14.8% del PIB, según Alfredo Coutiño, director de la consultoría económica de Moody’s para América Latina”.3

2 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-empleos/promocion-del-empleo-y-paz-laboral.html
3 http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/valores/2009/07/08/caera-pib-mexico-73-ano-fmi

A partir de estas conclusiones podemos pasar a revisar como a lo largo de los años la situación ha venido agravándose, tenemos pues que en el año 2000 se tuvo una tasa de desempleo del 2.60% en cuanto que lo que se llevaba hasta el mes de mayo de este año arroja un promedio de 5.15%. Y en el que algún funcionario mencionaba que nuestra situación es menos crítica que la que se vive en algunas economías desarrolladas con mayor tasa de desempleo, teniendo a EUA con un 8.50% en promedio de enero a mayo del 2009, y Francia con un promedio de 8.70 en el mismo periodo.
Sin embargo, estas comparaciones no son objetivas, como señala Gómez Alejandro: “Los datos indican que no cabe duda de que México atraviesa una severa crisis de empleo. Sin embargo, el nivel de la tasa de desempleo está por debajo de la de muchas naciones desarrolladas. ¿A qué se debe esto? La razón principal es que en México se utiliza una definición muy estrecha de desempleo, que únicamente considera el desempleo total de las personas, de manera que si uno trabaja apenas una hora en la semana ya no se le considera desempleado”4.

Por lo cual la tasa dada a conocer por el INEGI, difiere sobre la verdadera tasa de desempleo que debe ser mayor a la señalada por este instituto. A su vez, podemos destacar que en esos países existen diversos esquemas de apoyo, siendo el más significativo el seguro de desempleo, que rebasa en mucho a los esquemas ofrecidos por el gobierno de nuestro país hacia aquella población que está desempleada y que sería menos drástica la situación en la que viven millones de familias mexicanas, sin embargo, este gran sector de la clase trabajadora está sujeta a aceptar trabajos, mal pagados, sin los derechos laborales como lo es el Seguro Social, Infonavit, entre otras prestaciones, considerando también las jornadas laborales que rebasan las 8 horas de labor contempladas en la Ley Federal del Trabajo y esta situación se acentúa de manera más contradictoria en aquellos que cuentan con una carrera profesional, ya que en el pasado había sido la apuesta para tener un mejor empleo y por lo tanto una mejor calidad de vida, situación que ha quedado fuera de contexto ante el avance voraz de la política económica neoliberal, ante esto podemos citar lo siguiente, “el dato más alarmante es que el desempleo afecta, sobre todo, a aquellos que tienen estudios universitarios.

Las mismas estadísticas señalan que del total de personas que estaban en el paro en enero de este año, el 50,4% tenía estudios de nivel medio y superior. Y, según las estadísticas oficiales de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el año escolar 2001-2002, unos 312.000 jóvenes concluyeron sus estudios de educación secundaria. Aunque, tan sólo un 34% de ellos ha obtenido un empleo acorde con la carrera que estudió”5.

4 http://www.am.com.mx/Columna.aspx?ID=2198
5 http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewfeature&id=1026&language=spanish

Lejos de ello, los que apuestan a continuar realizando los ajustes mediante una política económica neoliberal, se han dado la tarea de proponer diversos esquemas que buscan incrementar la productividad de la fuerza laboral, enmarcados en “una nueva cultura laboral” que busca profundizar aun más el individualismo entre los trabajadores y por lo tanto pulverizar la organización de los mismos para luchar por mejores condiciones laborales, aunado a un deterioro en el poder de compra de los salarios percibidos por los trabajadores, por ello dentro de las propuestas es proteger a este gran sector de la población que contribuye a que día a día se lleven a cabo los procesos productivos que proporcionan los bienes y servicios que nuestra sociedad requiere para satisfacer las necesidades más esenciales.

Podemos concluir que las estrategias para la generación de empleos, llevadas a cabo en los distintos ordenes de gobierno, no han proporcionado a la población mexicana y dentro de ésta a la acapulqueña, de los empleos suficientes y bien remunerados que logre satisfacer las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad, sino que ha sido lo contrario. Condenando a millones de mexicanos a vivir en la pobreza como ya se señaló al principio y que por lo tanto, se generan otros problemas que profundizan aún más la difícil situación por la que atraviesa la población mexicana.

(*) Doctor en Desarrollo Regional y Catedrático Investigador de la Unidad Académica de Turismo, UAgro.
(**) Colaborador del Centro de Investigación Multidisciplinaria de la UAG.

LEY DE RECONOCIMIENTO, DERECHOS, CULTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE GUERRERO

La relación del Estado Mexicano con los pueblos indígenas, desde la independencia hasta épocas muy recientes, ha puesto más el acento en forzar su integración étnica y cultural, que en asumir la realidad de que esta diversidad étnica, cultural, que en asumir la realidad de que esta diversidad étnica, cultural, y social de nuestros pueblos y comunidades indígenas, blancos, mestizos y negros es uno de nuestros principales patrimonios, un activo de enorme valor pluriétnico y multicultural y sobre todo una oportunidad de desarrollo, que enriquece y fortalece nuestra manera peculiar de ser en el entorno nacional y que en ningún momento puede ser considerada como una amenaza o un riesgo para la estabilidad del estado o del país.

Así planteó el diputado Efraín Ramos Ramírez, coordinador parlamentario de Convergencia, el trasfondo de las relaciones del estado con los pueblos indígenas, al presentar el pasado 4 de junio de este año su Iniciativa de Ley de Reconocimiento, Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, en el Congreso del Estado.

Explicó el legislador Ramos Ramírez que en Guerrero desde 1987 se reformó el Artículo 10 de la Constitución del Estado, antes que en ningún otro estado de la República, para establecer con claridad que: “Los poderes del Estado y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia y en el marco de la Constitución General de la república y de la Constitución Política del Estado de Guerrero, proveerán a la incorporación de los pueblos indígenas al desarrollo económico y social y a la preservación y fomento de sus manifestaciones culturales.”1

Al destacar los aspectos más relevantes de la Ley que propuso al Congreso del Estado, el legislador de Convergencia, afirmó que esta ley permitirá a los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero, acceder al pleno disfrute de sus derechos, que aunque ya tutelados por la Constitución federal y la local, no pueden hacerse plenamente efectivos mientras no se promulgue la correspondiente ley reglamentaria y se establezcan los sujetos obligados a cumplir y hacer cumplir sus preceptos y el órgano garante, encargado de vigilar y garantizar su aplicación, que en el caso de esta Ley se propone que sea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.

* La nueva Ley reconoce y protege a los pueblos Tlapaneco, Náhuatl, Mixteco, y Amuzgo, como pueblos originarios de Guerrero; así como a las comunidades afromestizas de la Costa.

* También los reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio para hacer valer sus derechos. Explicó que la mayoría de los Estados con presencia indígena han incorporado este derecho a su orden jurídico local, apoyándose en los positivos criterios que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

* En la nueva Ley se plantea que los pueblos y comunidades podrán hacer efectivo su derecho a la autoidentificación y al reconocimiento legal de sus comunidades –ya sean municipios, comisarías, delegaciones, colonias, ejidos o comunidades agrarias– al asumirse y declararse como indígenas o afromestizos, según sea el caso, cuando así lo decidan mediante acuerdo mayoritario de sus habitantes.

1 Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero.

Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 37, el martes 06 de mayo de 2008. Página 13. Portal Web de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. Chilpancingo, Guerrero.

Consultar en: http://www.guerrero.gob.mx/pics/pages/leyes_base/CPG.pdf

El legislador y presidente estatal del Partido Convergencia, explicó los aspectos más relevantes de la Iniciativa de Ley de Reconocimiento, Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero:

* La nueva Ley incorpora las nuevas disposiciones en materia electoral contenidas en la Constitución Local y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, para hacer efectivo el derecho de representación de los pueblos y comunidades indígenas ante los Ayuntamientos y la legislatura local. Estas disposiciones son una novedad no sólo en Guerrero sino a nivel de los demás estados del país. Asimismo, Ramos Ramírez, dio a conocer que de los 28 distritos electorales indígenas que existen en el país, sólo uno corresponde a Guerrero, el 05 con cabecera en Tlapa de Comonfort; por lo que es necesario insistir ante el IFE hasta lograr que se reconozca también como distrito federal indígena, al 06 con cabecera en Chilapa de Álvarez.

* La ley protege el derecho de los indígenas a usar y fortalecer sus lenguas y a recibir educación en su idioma, independientemente de que también aprendan el español y, si así lo desean, otras lenguas.

* Uno de los temas más relevantes es el de Justicia Indígena, debido a la existencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, sistema integral de justicia indígena de la Costa-Montaña y de la Policía Comunitaria que es su cuerpo auxiliar de seguridad pública, así como por los exitosos resultados alcanzados por éstos en la erradicación del crimen y la rehabilitación social de los transgresores; logros ejemplares para todo el país. De ahí, que en la nueva Ley se establezca el reconocimiento de estos instrumentos de justicia indígena.

* Se plantea crear el Instituto de Lenguas Indígenas de Guerrero y adecuar los planes y programas de estudios de las escuelas, para incorporar contenidos regionales que permitan el conocimiento de las culturas indígenas del Estado, ayudándose para ello de las propias comunidades.

* Así como integrar el Sistema de Educación Indígena, desde la educación básica hasta la superior, al cargo de una instancia coordinadora general, para garantizar a las comunidades y pueblos indígenas la educación de las nuevas generaciones en su propio idioma y en el marco de formación bilingüe e intercultural que tutela esta Ley.

* También se establece que las autoridades estatales y municipales destinarán una partida presupuestal exclusiva para su aplicación en los pueblos y comunidades indígenas y se obliga al Estado a descentralizar sus servicios con el objeto de hacerlos más eficientes y acercarlos más a las comunidades.

* En los artículos transitorios se estipula que “El Instituto Electoral del Estado, al establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales y de las demarcaciones electorales municipales deberá tomar en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política”. Con lo cual se abona a garantizar el derecho de representación de los pueblos y comunidades indígenas.

Es de esperar que de aprobarse esta Iniciativa, Guerrero dará un trascendental paso para construir una nueva relación con los pueblos indígenas y todos los guerrerenses podremos atribuirnos legítimamente ese mérito.

El diputado Efraín Ramos Ramírez, presidente del CDE de Convergencia en Guerrero, participó en "El Informe de Actividades Enero-Diciembre 2008" del presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero, Lic. Juan Alarcón Hernández.