Intervención del diputado Efraín Ramos Ramírez, Coordinador Parlamentario de Convergencia, sobre el alza y la creación de nuevos impuestos por el Congreso de la Unión y la necesidad de eliminar el injusto y excluyente régimen de consolidación fiscal.
Con su permiso, compañeros de la Mesa Directiva; Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Me hubiera gustado empezar esta intervención con un reconocimiento al Presidente Felipe Calderón por el valiente aunque ahora inútil reclamo, que recientemente hizo a la casta oligopólica que domina el país. Fue impactante escuchar al primer mandatario del país, reprochando la actitud de casi no pagar impuestos de 422 consorcios oligopólicos.
Los legisladores del PRI, del PAN y del PVEM en el Congreso de la Unión, se encargaron de convertir el reclamo presidencial en un simple comentario.
El gobierno protege
a la casta oligopólica
Como lo han estado informando la Secretaría de Hacienda y el propio Presidente Calderón, los 422 grupos oligopólicos mencionados, obtuvieron el año pasado ganancias por 4.8 billones de pesos, o sea casi el 54 % de los 8.9 billones de pesos del Producto Interno Bruto que se genero durante 20081; y sólo pagaron el 1.78 % de sus utilidades, algo así como 85 mil millones de pesos, cuando debían haber pagado 1.3 billones de pesos de impuestos.
Desde hace 28 años estos grupos oligopólicos, difieren año tras año el pago de sus impuestos. En realidad no pagan nada, porque lo poco que dicen pagar lo recuperan con creces a través de las campañas de redondeo y de otras obras de beneficencia por cooperación pública, mediante las cuales lo que recaudan, lo acreditan ante Hacienda como deducción de impuestos, como si tales aportaciones hubieran salido de sus bolsillos. Lo más grave es que el gobierno todavía les devuelve los excedentes de esta supuesta filantropía.
Es cierto. La gran mayoría de las empresas mexicanas, las micro, pequeñas, medianas y aun muchas de las grandes empresas, sí pagan impuestos.
Por eso indigna y agravia que solamente a estos 422 consorcios oligopólicos, se les permita compensar pérdidas con las ganancias de otras empresas del grupo consolidado y también que puedan diferir indefinidamente y en los hechos no pagar sus impuestos, incumpliendo el precepto de “Contribuir para los gastos públicos… de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes” como bien mandata el artículo 31 de la Constitución General de la República.
Si como es de preverse las cosas van a seguir así, entonces lo correcto sería que el régimen de consolidación fiscal se ampliara al conjunto de las empresas mexicanas, a fin de que éstas pudieran gozar de un trato fiscal igualitario. Como dice el dicho popular: “O todos coludos o todos rabones”.
1De ser cierta la aseveración de la SHCP, los 422 grupos de consolidación fiscal se estarían indebidamente apropiando del 53.93 % del producto interno bruto. Lo cual pondría en aguda desventaja a los más de 23.5 millones de contribuyentes, entre asalariados, empleados por su cuenta y empresarios, que pagan impuestos.
Los datos del Producto Interno Bruto se obtuvieron en:
La responsabilidad del PRI, PAN y PVEM
Los legisladores del PRI, PAN y PVEM, no sólo defendieron y mantuvieron el régimen de consolidación fiscal, sino que incluso redujeron del 60 al 25 % el monto inicial que deben empezar a pagar por los impuestos que adeudan al país –Hacienda había planteado cobrarles inicialmente el 60 % y el resto en pagos diferidos en los 4 años posteriores−.
Esta resolución promovida por el senador Francisco Labastida Ochoa, restablece y consolida la alianza del PRI con la oligarquía. Todavía más. A propósito, dejaron débilmente sustentada la legitimidad de esta tímida reforma, para facilitar a la oligarquía el impugnar su validez constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Qué sigue ahora? ¿Se va a obligar nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sacar la cara por una reforma malhecha del Congreso de la Unión? ¿Se va a volver a negociar con la oligarquía, el dejar sin efecto el posible fallo de la Corte, como ya se hizo en ocasiones anteriores? Fueron también priistas quienes promovieron en San Lázaro, el rechazo de la Cámara de Diputados a la reforma que hizo el Senado al Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para solicitar información a la Secretaría Hacienda sobre los contribuyentes que se acogen al régimen de consolidación fiscal; contraviniendo con ello, el derecho de acceso a la información pública que consagra el artículo sexto constitucional y coartando al Congreso de la Unión el ejercicio pleno de sus atribuciones de control y fiscalización presupuestal.
No hay nada que justifique el régimen de consolidación fiscal y menos aún cuando estos consorcios no han cumplido con sus compromisos de invertir en la ampliación y modernización de la planta productiva nacional y en la generación de empleos. Los datos económicos son contundentes: de 1982 a la fecha los índices de crecimiento del producto interno bruto han estado muy por debajo de los que tradicionalmente había logrado el país desde 1933 hasta 1981. Es más, solamente en 5 ocasiones (en 1990, 1996, 1997, 2000, y en 2007,) hemos alcanzado tasas de crecimiento del PIB ligeramente superiores a los 5 puntos porcentuales. Las consecuencias de dejar el desarrollo nacional en manos de unos cuantos consorcios, están a la vista.
Tampoco han generado el millón de empleos anuales que iban a crear. Los datos del IMSS, al respecto son irrefutables: en los últimos 18 años, el número total de asegurados ha crecido de 9.3 millones en 1990, a 14.4 millones de trabajadores en 20082. En 18 años solo se han generado 5.1 millones de nuevos empleos.
En cambio sí ha crecido aceleradamente el número de contribuyentes activos, al pasar de 3 millones en 1990 a 24 millones en 20083. En 18 años, ha aumentado en 20 millones el número de contribuyentes activos. Aún así, los 422 oligopolios exigen cotidianamente ampliar la base fiscal; lo cual en su lenguaje significa que el gobierno cobre más impuestos a quienes están debajo de ellos y sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
Tenemos que reconocer que las reformas de los años ochenta, noventas y las actuales favorecieron la privatización, pero no han producido la economía dinámica, con regulación gubernamental eficaz y capaz de crear mercados funcionales y competitivos, que se esperaba. Más bien, se han agudizado las distorsiones de nuestro desarrollo económico.
Los grupos oligopólicos, lejos de ser verdaderos y arriesgados emprendedores, actúan como voraces rentistas y buscan la máxima ganancia con la mínima inversión.
2Tercer Informe de Gobierno. Anexo estadístico. Trabajadores asegurados al IMSS. Página 153.
3El dato exacto es: 24, 076, 300 contribuyentes activos; de ellos 23, 303, 800 son personas físicas y 772, 500 son personas morales. Tercer Informe de Gobierno. Anexo Estadístico. Página 94.
Esto es todavía más notorio si analizamos a grandes rasgos la distribución porcentual de la riqueza nacional, que se deriva de los datos proporcionados por la propia Secretaría de Hacienda. Según la SHCP, estos 422 grupos oligárquicos se quedan con el 51 % del PIB (descontado su supuesto pago de impuestos) y el gasto gubernamental ocupa otro 25 %. Luego entonces, los poco más de 23.5 millones de contribuyentes restantes sólo pueden disponer del 24 % del PIB.
Es esta enorme polarización social, la que está estrangulando el crecimiento económico e impidiendo el desarrollo del país. Por eso la crisis le pega a México con mayor virulencia y persistencia. Esto no puede ni debe continuar a riesgo de que se generalicen los estallidos de furia social, que ya empiezan a haber en el país. La prudencia recomienda enmendar el rumbo y hacerlo pronto.
Hay que ser conscientes de que para crecer y prosperar requerimos una economía capaz de producir bienes y servicios, de manera tal que los trabajadores puedan ganar más; porque esa es la única manera de ensanchar el mercado interno y de alejar la recurrencia de las crisis cíclicas, de la recesión. La innovación tecnológica y la competitividad se basan en la rápida y sólida expansión del conocimiento y de las tecnologías aplicadas y ni nuestro sistema público de educación ni el privado, están propiciando eso.
Hay que asumir que es responsabilidad del gobierno a través de la regulación adecuada, promover un entorno en el cual las empresas se vean presionadas a crecer, a innovar, a reducir costos y precios y a transferir esos beneficios a los consumidores. Las ganancias monopólicas enriquecen a unos cuantos, pero no generan crecimiento productivo ni desarrollo social y humano.
En condiciones de sobreprotección oligopólica, los monopolios no son el motor de crecimiento económico, ni el factor de innovación tecnológica que necesitamos. Al contrario están estrangulando el crecimiento y la innovación y peor aún están corrompiendo al país y a sus gobernantes. Insistimos. El régimen de consolidación fiscal debe desaparecer y sustituirlo por un sencillo y trasparente sistema de deducción de impuestos hasta por 5 años a quienes verdaderamente creen nuevas empresas y fuentes de trabajo.
El futuro que nos espera
Quisiéramos equivocarnos, pero lo que estamos viendo en los últimos días en el Congreso de la Unión, parece la pretensión de la oligarquía que domina el país y el poder político, de abolir la alternancia política, de retornar al régimen de partido casi único, como en su momento lo llamó Salinas de Gortari.
Los panistas tuvieron que cargar casi solos el costo político de votar a favor del aumento al IVA. Y al hacerlo tuvieron que asumir las culpas de un dirigente nacional, que ha perdido autoridad moral y liderazgo en su partido y en el país. Si el diputado César Nava se mantiene al frente del PAN, solo será para preparar la entrega del gobierno a sus aliados. Los priistas se reservaron el lance de congraciarse con la oligarquía, manteniéndole sus privilegios y secrecía fiscales, con lo cual esperan asegurar su apoyo para el 2012.
Así como en la década de los noventa, los priistas fueron obligados a transferir el gobierno a los panistas. Todo parece indicar que se está presionando y preparando a los panistas para devolverle el gobierno al PRI. Pero los costos sociales y políticos de haber abdicado del nacionalismo revolucionario por el neoliberalismo, todavía no han podido ser remontados.
Hasta ahora la emergencia popular, ha buscado enderezar el rumbo de la Nación mediante las elecciones y sólo ha sido contenida mediante acciones de desestabilización y guerra sucia de la oligarquía y las fuerzas políticas mayoritarias. En ambos casos, ha quedado muy en entredicho la legitimidad de quienes en su momento asumieron la presidencia de la República.
